Hace meses que se está juzgando a Pablo Soto, un programador vocacional, como la mayoría de los programadores creativos que conozco, y conozco a unos cuantos, (de esto ya hablaremos otro día), que inventó algunos programas para descargar archivos, conocidos como programas P2P, o tipo emule, para los menos iniciados.

Descargar archivos protegidos por las leyes de copyright es un delito, pero lo que se juzga aqui no es el hecho de descargarlos, sino el hecho de programar una herramienta que lo haga posible.

¿Es culpable el fabricante de cuchillos de que se mate a una persona con uno de ellos? ¿Se le juzga? ¿Y si es un fabricante de escopetas? ¿Se le juzga?

La polémica está servida, y hay sentencias en ambos sentidos. Seguramente recuerda el caso de Napster en EEUU. Fue cerrada por orden judicial.

Por otra parte, en Francia la polémica ley que pretende autorizar al estado para cerrar el acceso a internet a un usuario, al tercer aviso de descarga ilegal, ha recibido duros informes contrarios, argumentando que solo por orden judicial puede negársele a alguien el acceso a internet. Al fin y al cabo tenemos ciertas libertades.

Veremos lo que ocurre en Francia y en España, pero pueden sentarse graves precedentes.

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